La desmemoria histórica

3.753 PERSONAS FUERON ASESINADAS

EN TARRAGONA POR EL FRENTE POPULAR

Estos rojelíos nuestros, se deslizan de nuevo por el túnel del tiempo. Regresa la desmemoria histórica. Se acerca el 18 de julio, se cumplen ochenta años de la victoria de los nacionales, y erre que erre con las querellas, la exhumación de muertos y la promoción política de las célebres “victimas del franquísmo”. No hemos conseguido que salga una sola víctima de los milicianos del Frente Popular o del Ejército republicano. Seguramente porque eran unos angelitos…

Algunos quieren volver la historia del revés como un calcetín y que lo que sucedió no haya pasado nunca. “Que lo que sucedió no haya pasado, cosa que al mismo Dios es imposible”, escribió en dos endecasílabos memorables Manuel Machado.

¿Quién responde del asesinato del doctor Josep María Vives Salas, quemado vivo rociando su cuerpo con gasolina, junto a la antigua Escuela de Trabajo (en la Era del Eume),  cerca de donde hoy se hallan las instalaciones de Diari de Tarragona, inmolado por presos comunes, liberados y armados por la Generalitat, entre ellos Recasens, el tristemente célebre “Sec de la Matinada”? El doctor Vives dejó esposa y siete hijos. ¿Quién responde de esta barbaridad?

¿Quién responde de los 3.752 asesinatos perpetrados en la provincia de Tarragona desde julio de 1936 hasta el final de la guerra, bajo el dominio del Frente Popular? Las cifras son del doctor Miquel Aleu (epr), médico forense de unos y otros, que, por imperativo legal, tuvo que presenciar las ejecuciones y efectuar la autopsia a los cadáveres de personas asesinadas que llegaban al cementerio. Me dijo: “Els afusellats en la represió franquista foren 116”. Después, haciendo broma, como le gustaba, sentenció: “Si fem una resta, la diferencia és de 3.636 víctimes; güanyen per golejada els del Front Popular”. Y se reía… Asesinar sin piedad a 3.752 personas en dos años no es una broma. Es imposible que, con ese número de víctimas, nadie encuentre un solo culpable. El doctor Aleu no necesitaba estadísticas; los asesinados pasaban por sus manos y tenía información fidedigna. Hubo consejos de guerra y condenas a la última pena, aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada, por cierto, en tiempos de la Segunda República y empleada por el Frente Popular.  Afortunadamente, muchos fueron los que se exiliaron a Francia porque eran bastantes los que tenían delitos de sangre o habían cooperado en ellos. Después pudieron regresar y algunos no quisieron. No debían tener la conciencia muy tranquila.

¿Quién responde de los 141 sacerdotes martirizados y fusilados en la Archidiócesis de Tarragona? (BOAT, núm 15, pág. 209 – 212, 30 de agosto de 1944). ¿Quién responde de los 316 sacerdotes martirizados y fusilados en la diócesis de Tortosa? ¿Quién responde de los 41 Hermanos de las Escuelas Cristianas inmolados en la provincia? ¿Y de los siete Carmelitas Descalzos? ¿Y de los siete Misioneros del Corazón de María?  ¿Y de los cuatro religiosos de la Fraternidad Terciaria Carmelitana de la Enseñaza? ¿Y del capuchino, Carmelo de Colomés? Hoy, todos beatificados, excepto los de Tortosa. ¿Quién responde del asesinato en Calafell de quince Hospitalarios de San Juan de Dios, que se dedicaban al cuidado de niños minusválidos y enfermos mentales? Hoy, beatificados. ¿Y los 52 ex alumnos de La Salle, inmolados por sus creencias religiosas, quién responde?

¿Quién responde de los 500 templos devastados en la Archidiócesis de Tarragona? ¿Y del incalculable patrimonio artístico y cultural destruido, propiedad de la Iglesia y del Estado? ¿Quién responde? ¿Quién responde del tesoro del Papa Luna del obispado de Tortosa, trasladado a México en el barco “Vita”, y del cual nada más se supo? ¿Y del camión de la Generalitat que recorría pueblos y ciudades de la provincia para recoger los objetos de valor de la Iglesia y de los vecinos “benestants”, llevárselos a Barcelona para fundirlos y convertirlos en lingotes de oro y plata, para pasarlos a Francia? ¿Quién responde de todo esto?

¿Quién responde de las 149 personas no residentes en Tarragona, cuyos cadáveres fueron hallados en las carreteras, los descampados y en la tapias del cementerio de la capital, entre las que se relacionan 62 de desconocidos, que no pudieron ser identificados? Dice así: “Persona desconocida: se presume que era jesuita por su vestimenta”. Otro: “Persona desconocida: se presume que era sacerdote por la tonsura”. Otro: “Persona desconocida: llevaba una Cruz en el bolsillo”. Y así hasta 62 cadáveres. En otra lista aparecen 132 personas asesinadas, todas residentes en Tarragona, inmoladas entre julio de 1936 y abril de 1937. ¿Quién responde de todo esto?

beato

¿Quién responde de los 560 asesinatos perpetrados en el partido judicial de Tortosa? ¿Y de los 387 de Grandesa; y de los 329 del Priorato; y de los 373, de Reus; y de los 349 de Tarragona; y de los 278 de Valls; y de los 233 de El Vendrell; y de los 197 de Montblanc? ¿Quién responde del asesinato del beato Manuel Borrás, obispo auxiliar de Tarragona, en el Coll de Lilla? ¿Quién responde de la noche triste de Falset, con el asesinato en masa de 26 personas, ametralladas en el cementerio? ¿Y del asesinato de Enrique Rull Cortés, “porque tenía un hijo en el Seminario”? ¿Quién responde?

¿Quién responde de haber suprimido el día de Navidad en Cataluña y de haber convertido el día de Reyes en “la setmana dels infants? ¿Quién responde de haber suprimido del callejero de los pueblos y ciudades de Cataluña, todos los que llevaban  nombre de santo desde tiempo inmemorial? Santa Coloma de Queralt se convirtió en Queralt de la Conca; Sant Carles de la Ràpita, en La Ràpita a secas; Sant Jaume dels Domenys, en Domenys del Penedès; Sant  Jaume d’Enveja, en Enveja, y así en el resto de Cataluña? ¿Quién responde de estas barbaridades, abolidas luego por los nacionales?

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Y si van a revisar y anular las sentencias de los juicios sumarísimos del final de la guerra, ¿qué hacemos con todas las condenas a muerte de los llamados Tribunales Populares, creados por la Generalitat republicana? ¿Las ponemos como impecables ejemplos de la modélica y equilibrada justicia del pueblo en armas? El juicio y la condena de Jaume Hilari, hermano de las Escuelas Cristianas, por el Tribunal Popular de Tarragona, es un buen ejemplo de cómo funcionaba la justicia “popular” en aquellos tiempos. El hermano vivía en el colegio de Cambrils. Como estaba sordo no podía dedicarse a la enseñanza y trabajaba de payés en el huerto. Fue condenado “porque sabía Latín y enseñaba la Religión católica a sus alumnos”. El mismo día, el tribunal de Tarragona remitió a la Generallitat la condena de veinte penas de muerte para que fueran ratificadas o conmutadas por el presidente Lluis Companys. Diecinueve de ellas fueron conmutadas por treinta años de reclusión. Un solo reo fue condenado a la pena máxima: Jaume Hilari. Presenció la ejecución, por imperativo legal, el doctor Miquel Aleu. En 1999 estuvo presente en Roma, como testigo de excepción, junto a san Juan Pablo II, en el acto de canonización hermano lasaliano.  Es el primer Santo de la persecución religiosa en Cataluña.

Como pueden ver, si se sacan los muertos de un lado empezarán a salir los del otro. Y si hay que pedir perdón por unos habrá que hacerlo también por los otros, que fueron mucho más numerosos. Todo debe ser perdonado; pero es intolerable la manipulación de la verdad histórica. Han pasado ochenta años y es hora que se sepa la realidad de aquellos tiempos.

Jordi Pujol, siendo presidente de la Generalitat, dijo, referente a la memoria histórica que “se puede chapotear con el agua, pero no con la memoria”.  Recordó que en Cataluña tenemos la suerte macabra de haber sido a la vez verdugos y mártires y, por tanto, podemos entendernos mutuamente”. Y se preguntó: “¿Alguien ha pedido perdón por los 5.000 curas, frailes, monjas, democristianos, carlistas o falangistas muertos en Cataluña?” Esta situación fue la que hizo que “en Cataluña murieran hasta tres veces más personas de derechas que de izquierdas, simplemente porque muchos pudieron huir a Francia”. Confesó que él, como presidente de la Generalitat también debería haber pedido perdón. Pero antes tenía que haberlo hecho Tarradellas, “porque aunque la Generalitat perdió el control de la calle, tenía la obligación de mantenerlo, porque era el régimen legalmente constituido y debía garantizar la seguridad de todos”.

Francesc Basco Gracià. Periodista. Tarragona, 15 de mayo de 2016.

 

DOCUMENTACION

Los Tribunales Populares fueron creados por la Generalitat republicana; las sentencias de muerte se ejecutaban por orden del Govern y las firmaba el president Companys. Para que quede claro, definitivamente. Por tanto, sant Jaume Hilari fue condenado a morir fusilado por el presidente Lluis Companys.

He aquí los documentos:

ELS TRIBUNALS POPULARS

(DOGC, núm. 289, 15 d’octubre de 1936, pags. 194 a 196)

El Conseller Primer de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, amb el vist-i-plau del Conseller de Justícia, Andreu Nin, signen un Decret, amb data 13 d’octubre de 1936, creant al territori de Catalunya els Tribunals Populars, que entendran en els actes que directament o indirectament hagin coadjuvat a la rebel·lió militar i al moviment feixista i en aquells que per llur índole especial poden conceptuar-se com a contrarevolucionaris.

Els Tribunals Populars es compondran d’un president y vuit membres pertanyents a cadascun dels partits polítics i organitzacions sindicals següents: un del Partit Socialista Unificat de Catalunya(PSUC); un de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI); un del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM); un d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); un de la Confederació Nacional del Treballs (CNT); un de la Unió General de Treballadors (UGT); un d’Acció Catalana Republicana (ACR) i un de la Unió de Rabassaires (UR).

LES SENTÈNCIES DE MORT ES COMUNIQUEN

I LES EXECUTA EL GOVERN DE LA GENERALITAT

(DOGC núm 29, de 28 de gener de 1937).

El Conseller de Justícia, Rafael Vidiella, resol que “Les sentències de condemnament a mort es comunicaran al Govern de la Generalitat per mitjà del Conseller de Justícia, al qual li’n serà tramesa una còpia autoritzada. El Conseller de Justícia donarà rebut de l’entrega, el qual s’unirà a la causa”. Seguidament que el Tribunal rebi l’acús de rebut de la còpia, notificarà la sentència al condemnat, al efectes del termini de l’apartat i de l’art. 18 del decret del 5 de gener de 1937. “La pena de mort s’executarà pel personal designat a l’efecte i hi assistiran les representacions que l’Autoritat legitima cregui convenient”. (Ordre de la Conselleria de Justícia de 18 de gener de 1937).

TARRAGONA; COMPANYS COMMUTA PENES DE MORT

En data 12 de gener de 1937 (DOGC núm 14, del 14 de gener de 1937), el president Companys signa un Decret pel qual commuta la pena de mort dictada pel Tribunal Popular de Tarragona, en data 24 de desembre últim, per la de reclusió perpètua a Daniel Vallbona i Sanau, Josep Carreras i Pont i Salvador Palau i Costa.

En data 15 de gener de 1937 (DOGC núm 17, del 17 de gener de 1937, pag 260), vista la sentència dictada pel Tribunal Popular de Tarragona amb data 25 de desembre últim, el president Companys commuta la pena de mort per la de reclusió perpètua a Josep M. Sunyer i Vaquet, Josep Roca i Sanuan, Joaquim Sunyer i Paladella, Josep Llop i Peris, Josep Roca i Oriol i Josep Llop i Gasull.

El dia 26 de gener de 1937, el president Companys commutava a Isabel Segura i Adell la pena de mort imposada pel Tribunal Popular de Tarragona, per la privació de llibertat en camps de treball correccionals. I el mateix dia commutava la pena de mort dictada pel Tribunal Popular de Tarragona per la de reclusió perpètua a Josep Torrens i Grau, Lluis Solé i Grau, Agustí Solé i Grau, Sebastià Roig i Bover, Eduard Bargalló i Peirats, Joan Mercader i Mercader i Josep Martí i Navarro. (DOGC num 29, 28 gener 1937, pag. 422).

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